19 noviembre 2026

TN / Tras el fracaso de la sesión en Diputados, el Gobierno enfrenta tensiones y evalúa retomar la ley Malvinas la próxima semana

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Javier Milei esperaba una victoria parlamentaria, pero el oficialismo quedó a tres diputados del quórum. En la Casa Rosada hay desconcierto y se profundizan los reproches entre sectores que responden a Santiago Caputo y a los Menem.

El Gobierno evalúa volver a tratar la Ley Malvinas la próxima semana, después de que el fracaso de la sesión en Diputados provocara desconcierto en la Casa Rosada y reavivara las tensiones internas de La Libertad Avanza. Javier Milei esperaba que el oficialismo consiguiera la media sanción del proyecto y había transmitido su entusiasmo durante la mañana. Sin embargo, la convocatoria terminó con apenas 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para abrir el debate.

El resultado sorprendió a la mesa política, que había dado por asegurados los acuerdos parlamentarios. En el entorno presidencial reconocen que la caída de la sesión representó un golpe político para una administración que pretendía mostrar fortaleza en el Congreso. El Presidente sigue de cerca la evolución del riesgo país y considera que las victorias legislativas pueden contribuir a mejorar las expectativas económicas. En Balcarce 50 admiten que no esperaban terminar la jornada buscando explicaciones por la derrota.

La escena más elocuente ocurrió dentro del recinto. Gisela Scaglia y otros integrantes de Provincias Unidas ingresaron a la Cámara de Diputados, pero permanecieron de pie sin ocupar sus bancas mientras Martín Menem intentaba reunir el quórum. Desde el oficialismo aseguran que esos legisladores habían anticipado que se sentarían y que su decisión de último momento alteró las previsiones. El presidente de la Cámara intentó persuadirlos, pero debió levantar la convocatoria después de que transcurriera la media hora reglamentaria.

En el bloque libertario responsabilizan principalmente a los diputados alineados con Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Sin embargo, Provincias Unidas confirmó dos reclamos concretos: la incorporación de la nueva ley de biocombustibles al debate y el reconocimiento de la representación que considera que le corresponde en el Consejo de la Magistratura. La discusión también se cruza con las negociaciones por el Presupuesto 2027 y los pedidos de recursos de los gobernadores.

La iniciativa sobre biocombustibles propone modificar el régimen de producción, comercialización y mezcla obligatoria con combustibles tradicionales. Su aprobación ampliaría el mercado para productores de bioetanol y biodiésel, actividades especialmente relevantes en Córdoba y Santa Fe. El problema para el Gobierno es que el PRO mantiene objeciones sobre el nuevo esquema. En sectores de La Libertad Avanza reconocen que incorporar el proyecto sin contar con los votos para aprobarlo podía deteriorar la relación con los diputados de Cristian Ritondo.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino).
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino).

El segundo conflicto involucra directamente el reparto de poder dentro del Poder Judicial. Provincias Unidas, que reúne 18 legisladores, reclama que Juan Brugge ocupe la banca correspondiente a la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. El PRO, con 12 diputados, pretende impulsar a Florencia De Sensi mediante un acuerdo con el oficialismo. La diferencia adquirió especial relevancia por la renovación de los representantes de Diputados en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces.

La derrota también abrió un nuevo capítulo de la disputa entre el sector político de los Menem y el espacio que responde a Santiago Caputo. En el entorno del asesor presidencial consideran que existieron maniobras destinadas a obstaculizar una iniciativa que él impulsó desde su elaboración. Las sospechas alcanzan la negociación parlamentaria y las modificaciones introducidas en el proyecto para incorporar un Consejo de Seguridad Nacional.

En el entorno de Martín Menem rechazan esa lectura y aseguran que el resultado fue imprevisto también para quienes negociaron el quórum. Allí sostienen que Provincias Unidas cambió de posición y que los acuerdos quedaron condicionados por una disputa que excede la ley Malvinas. También advierten que aceptar todas las condiciones de un bloque puede provocar el rechazo de otro. La prioridad, según explican, es reconstruir las mayorías sin comprometer los vínculos con el PRO y los demás aliados.

Los reproches internos se trasladaron rápidamente a las redes sociales. Agustín Romo cuestionó que hubiera sectores dispuestos a frenar la ley por diferencias sobre su impulso político. Santiago Caputo respaldó expresamente un mensaje de Nicolás Promanzio que criticaba las negociaciones por lugares en organismos institucionales y acuerdos electorales. Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, también amplificó publicaciones críticas de la conducción parlamentaria. Las expresiones exhibieron públicamente el malestar del espacio cercano al asesor presidencial.

Milei tampoco permaneció al margen de la reacción digital. El Presidente replicó publicaciones que responsabilizaban a la dirigencia política por la demora en la aprobación de la iniciativa y cuestionaban las consecuencias que podría tener para el reclamo argentino sobre Malvinas. La intervención adquirió relevancia porque ocurrió después de que el Gobierno hubiera asegurado que contaba con los apoyos necesarios. En el oficialismo interpretan que el mandatario considera especialmente importante conseguir la sanción del proyecto.

Durante la cumbre de las Naciones Unidas, el Presidente reafirmó el reclamo por las Islas Malvinas (Foto: EFE).
Durante la cumbre de las Naciones Unidas, el Presidente reafirmó el reclamo por las Islas Malvinas (Foto: EFE).

La urgencia responde a una fecha precisa: el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comunicará el 28 de noviembre su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina en relación con el proyecto petrolero Sea Lion. El Gobierno busca reforzar su estrategia diplomática y jurídica contra las actividades de explotación de hidrocarburos desarrolladas sin autorización argentina. La ley Malvinas contempla un régimen de sanciones para compañías vinculadas con esas operaciones, además de disposiciones sobre infraestructura crítica y seguridad nacional.

La iniciativa, elaborada bajo el impulso político de Santiago Caputo, ya había provocado diferencias por su alcance y por la integración del Consejo de Seguridad Nacional. El proyecto también contempla mecanismos de revisión de determinadas inversiones extranjeras en sectores estratégicos y sanciones vinculadas con campañas de injerencia externa. El Gobierno introdujo sucesivas modificaciones para acercar posiciones con los aliados, pero no había conseguido despejar todas las objeciones antes de la sesión.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el apartado sobre interferencia extranjera en procesos electorales. El oficialismo necesita reunir 129 votos afirmativos para aprobar las modificaciones de carácter electoral, una mayoría que tampoco tenía asegurada. En la Casa Rosada calculaban que Unión por la Patria acompañaría el proyecto en general y el primer título, dedicado a las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales, aunque se opondría a otros capítulos. La falta de quórum impidió comprobar esos apoyos en el recinto.

El traspié también dejó pendiente la aprobación definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que había regresado a Diputados con cambios introducidos por el Senado. La iniciativa busca reforzar la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión y establecer como objetivo central de la autoridad monetaria la preservación del valor de la moneda. La caída de la convocatoria impidió además avanzar con acuerdos comerciales internacionales y otros proyectos incluidos en el temario.

Ahora, el Gobierno busca volver a llevar la ley Malvinas al recinto la próxima semana, pero todavía no consiguió cerrar una nueva convocatoria. En los bloques aliados advierten que el calendario parlamentario dificulta un tratamiento inmediato y señalan al jueves 26 de noviembre como una posibilidad, aunque supeditada a una revisión de la agenda legislativa hasta fin de año. La Casa Rosada pretende avanzar antes del pronunciamiento del Tribunal del Mar, previsto para el sábado 28, pero deberá resolver las diferencias por biocombustibles y el Consejo de la Magistratura para evitar otra derrota.