El Tribuno / A 45 años del golpe militar, preocupa la ralentización de los juicios a los acusados
Organismos y entidades de DDHH señalaron que muchas sentencias no se encuentran firmes y que se incrementaron los pedidos de prisiones domiciliarias.
A 45 años del comienzo de la dictadura cívico – militar más sangrienta de la historia argentina, se evidencia una marcada ralentización de los juicios contra los autores de los atroces crímenes del régimen, mientras que una de las novedades, surgida en situación de pandemia, es que se incrementó notoriamente el interés general por las audiencias y el número de asistentes que las siguen a través de las redes sociales.
Tanto la Procuración y otros organismos oficiales, como las organizaciones de Derechos Humanos, coinciden en señalar, no faltos de preocupación, que gran parte de las sentencias dictadas por los tribunales no se encuentran firmes, y que en los últimos años se incrementaron los pedidos de prisiones domiciliarias de los represores condenados, y el otorgamiento de las mismas por parte de los jueces.
Los organismos consideran que existe un relajamiento en el otorgamiento de esos beneficios. «La mayoría de los genocidas que solicitan las domiciliarias las obtienen», señalaron.
Memoria, verdad y justicia
Bajo la advocación de la consigna de «Memoria, verdad y Justicia», la semana del 24 de Marzo sirve para hacer un balance sobre los avances y retrocesos en torno al juzgamiento de los responsables de miles de secuestros, torturas, violaciones a mujeres, robo de bebés y desapariciones durante esos casi ocho años de interrupción democrática.
Según el informe anual de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de diciembre del 2020, desde 2006 fueron dictadas 250 sentencias en 623 causas abiertas, de las cuales hasta esa fecha «resultaron condenadas 1.013 personas y absueltas 164».
El informe señala que «persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país». Esos números revelan que el 70% de las sentencias fueron apeladas por lo que las mismas no están firmes, dando espacio así a un mayor número de domiciliarias.
El promedio de tiempo que insume la confirmación de una sentencia con el fallo de la Corte Suprema es de 5 años y 2 meses desde que se formula el pedido de elevación a juicio.
Mauricio Macri no quiso, o no pudo, pagar el costo de retrotraer la situación e indultar a los represores, ante una sociedad siempre sensibilizada por los crímenes de la dictadura y las violaciones a los Derechos Humanos, pero durante su gobierno se relajó el estricto cumplimiento de las penas, muchas de ellas en cárceles comunes. Así fue que «disminuyó el total de sentencias dictadas durante el 2020 respecto del año anterior (de 22 a 9), y el número de personas detenidas» (863 en la actualidad) y «se consolidó el arresto domiciliario como la modalidad de encierro predominante».
Casi todos los jerarcas militares que tomaron la decisión de derrocar a Isabel Perón ya murieron, entre ellos los dictadores Jorge Videla, Eduardo Massera, Roberto Viola y Reynaldo Bignone.
A solo un lustro del medio siglo del comienzo de la dictadura, los familiares y gran parte de la sociedad argentina siguen reclamando Memoria, Verdad y Justicia, y juicio y castigo a los culpables por los 30.000 desaparecidos.
Ya se condenó a 1.013 represores
La Justicia ya lleva más de 1.000 condenas a represores por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar que transcurrió entre 1976 y 1983.
El dato surge de un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que consignó que hasta fines del año pasado habían sido imputadas 3.448 personas y se habían dictado 250 sentencias, en las que resultaron condenadas 1.013 personas (276 de ellas con al menos un fallo firme) y absueltas 164. Del total de investigados, 904 fallecieron en los años de procesos, de los que 692 lo hicieron antes de tener sentencia y 212 tras ser condenados o absueltos. Y 25 acusados de crímenes de lesa humanidad están prófugos.
El camino hacia la verdad y la justicia se abrió a partir del Juicio a las Juntas militares en 1985, que condenó a la plana mayor de la dictadura. También se abrieron causas contra cientos de mandos inferiores, pero este proceso se interrumpió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impulsó el ex presidente Raúl Alfonsín entre 1985 y 1986 y que impidieron el juzgamiento o ejecución de las condenas. El pacto de impunidad se perfeccionó con la llegada a la presidencia de Carlos Menem, quien firmó indultos a favor de los militares.
En 2005, durante el mandato de Néstor Kirchner, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las “leyes de impunidad” y los juicios se reanudaron.
.
