RT / Polémica en Colombia por decreto que permite liberar a manifestantes detenidos en estallido social

Las acusaciones contra Gustavo Petro van desde el golpe de Estado a la usurpación de funciones.

La creación por decreto presidencial de una comisión compuesta por varios ministros colombianos que analizará cuáles personas privadas de libertad podrán salir para ser gestoras de paz ha abierto un fuerte debate en Colombia, entre acusaciones de golpe de Estado y de usurpación de funciones contra Gustavo Petro.

La semana pasada, el mandatario afirmó que para antes de Navidad «centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz«. Este planteamiento ya lo había hecho durante la campaña electoral.

Este decreto contemplaría a 230 jóvenes de la llamada ‘primera línea’ o vanguardia que fueron aprehendidos y procesados durante el ‘estallido social’, una serie de protestas antigubernamentales ocurridas en 2021. Algunos de ellos podrán ser voceros de las gestiones de paz, según Asuntos Legales.

Entre la ola de señalamientos que saltan de una cuenta de Twitter a otra, están los de los senadores del derechista Centro Democrático, anterior partido de Gobierno, que consideran que el mandatario colombiano se extralimitó en sus funciones.

Del lado de quienes conforman la comisión, se ha explicado sobre las atribuciones presidenciales, que no chocan con las de la Justicia, que tiene la última palabra. Además, se ha aclarado que la liberación podrá hacerse efectiva en personas imputadas, pero no condenadas.

¿Qué dice el decreto?

El Gobierno de Colombia emitió el decreto 2422 de 2022 en el que se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.

Esta Comisión tiene como principal objetivo «la coordinación y articulación para la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros [para gestiones de paz] a ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privados de la libertad». 

Está presidida por el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, e integrada por los titulares del Interior, Alfonso Prada, y de Defensa, Iván Velásquez, y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano.

El ministro de Justicia se encargará de «recomendar la admisión o exclusión» como voceros de los integrantes de las organizaciones sociales y humanitarias que han sido privados de la libertad.

La Comisión tendrá la tarea de definir cuáles son «los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022».

El alto comisionado para la Paz será el encargado de supervisar que se cumplan las obligaciones y condiciones impuestas a estos ciudadanos. De ser estas incumplidas, se revocará la medida.

«Un golpe de Estado»

Las agrias críticas contra el decreto presidencial han emergido principalmente desde la derecha. Sin embargo, altos funcionarios como la procuradora general, Margarita Cabello, y el fiscal general, Francisco Barbosa, también han expresado su opinión en contra.

Cabello considera que debería ser el Congreso y no el presidente quien reglamente esa ley y cree que podría vulnerarse la independencia de poderessegún Caracol.

Al respecto, Barbosa dice que esta institución considera que no puede quedar en libertad «cualquier persona que haya cometido delitos graves como homicidios y que haya sido condenado por la justicia», recoge W Radio.

«Realmente no entiendo bien la figura del ‘gestor de paz‘ porque lo que se habla dentro del decreto es de un vocero, entonces tendrían que explicarle al país: ¿el vocero de quién o de qué?», agregó.

La ultraderechista María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, dijo en un video que con la emisión de este decreto «se está gestando un golpe de Estado» y aseveró que «no se puede permitir que el Ejecutivo usurpe facultades del Poder Judicial«.

Por otra parte, su compañera de bancada Paloma Valencia escribió un trino donde relacionó las conversaciones de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el decreto.

La defensa y los desencuentros

Los parlamentarios del gobernante Pacto Histórico también han presentado sus argumentos, que han chocado radicalmente con los de los políticos del opositor Centro Democrático.

La senadora Martha Peralta Epieyú, del bloque gubernamental, manifestó que celebraba la salida de 230 jóvenes de la primera línea. «Solo en las dictaduras protestar es un delito«, afirmó.

El senador Gustavo Bolívar publicó un tuit donde afirma que esta comisión seleccionará «como gestores de paz a jóvenes encarcelados por el estallido social, para que se defiendan en libertad».

Bolívar mantuvo una discusión con el excandidato presidencial del uribismo, Federico Gutiérrez, quien divulgó el extracto de un video donde el parlamentario se encuentra reunido con un grupo de jóvenes manifestantes.

«Estamos en manos de bandidos. Y este es uno de los cabecillas», aseveró Gutiérrez, al comentar el clip.

El senador le respondió con una afirmación: «Sí soy bandido por reunirme públicamente con jóvenes de primera línea y sus abogados, buscando soluciones al conflicto social».

La respuesta de los ministros

Frente a los críticas, el presidente de la recién formada Comisión expresó que se le recomendarán al mandatario las personas «que tengan mayor vocación de contribuir a la reconciliación y cumplir con tareas humanitarias», según El Tiempo.

También aclaró que la facultad de decidir quién sale en libertad le corresponde al presidente y que esa determinación no influye en los procesos judiciales a los que son sometidos.

«[Se] saca a la persona de la cárcel para que cumpla esas funciones vigiladas por el comisionado de Paz, sigue cumpliendo con los requerimientos judiciales y terminada la labor de vocería, continúa con todos sus efectos el proceso judicial», explicó. 

Osuna aseguró que le corresponde a la Justicia la determinación final, pues la decisión presidencial se le remitirá al juez de ejecución de penas o quien esté a cargo de la privación de libertad. «Si después de eso hay controversias judiciales, pues los jueces tienen la última palabra«, detalló.

El ministro Prada afirmó que estas liberaciones son «una medida transitoria» para «utilizar de la mejor manera posible a los líderes juveniles que en medio de la protesta tuvieron un comportamiento que fue censurado por la Justicia», publicó El Colombiano.

Por su parte, el titular de Defensa dijo que posiblemente esta semana la Comisión definirá cuáles son los lineamientos para recomendar la liberación de las personas que serán voceros de las gestiones de paz.

«Definir cuál sería la naturaleza de los delitos, si hay exclusiones, si están condenados. Eso tiene que ver con la actividad que debe asumir esta semana la Comisión», dijo.

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