Clarín/El Gobierno perdonará y reducirá multas a empresas que reconozcan competencia desleal para evitar que se repita lo de las prepagas

Buscan prevenir cartelización y acuerdos de precios abusivos.
El programa se lanza en medio de la pelea con las empresas de salud.
¿Sirve la medida?

En medio de la pelea con las empresas de medicina privada por la devolución de lo cobrado de más y la definición de los futuros aumentos de las cuotas, este martes el Gobierno reglamentó el Programa de Clemencia con el que busca evitar que se repita el caso de cartelización de las prepagas tras la liberalización de los precios de los planes en diciembre, luego del mega DNU 70/2023 de Javier Milei, con incrementos de hasta el 165%.

Similar a la figura del “arrepentido” que reduce la pena por el delito cometido si el responsable colabora con la causa, habrá exención o reducción de multas a personas, humanas y jurídicas, que reconozcan una conducta anticompetitiva ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, bajo la órbita del Ministerio de Economía.

De esa manera, las empresas podrán exonerar las sanciones por sus conductas perjudiciales para la competencia, como la conformación de carteles y acuerdos de precios abusivos, si denuncian y contribuyen con la CNDC en la investigación de dicha práctica para obtener una recompensa. Para Comercio, “dota de mayor transparencia y eficiencia al mercado” y “construye un marco de incentivos”.El Gobierno busca que se repita la cartelización de las prepagas. Foto: archivoEl Gobierno busca que se repita la cartelización de las prepagas. Foto: archivo

Entre las sanciones contempladas en la Ley de Defensa de la Competencia para quienes incurran en estas prácticas, se encuentran multas que alcanzan hasta el 30% de la facturación de la firma infractora, así como penas a quienes hayan ejercido algún puesto de autoridad en la empresa en cuestión y hayan alentado o permitido la ejecución del acto.

Según le anticiparon a Clarín fuentes de la cartera que conduce Pablo Levigne, todavía no está estipulado cuánto se reducirán las penas. “Dependerá de cada caso en el futuro. Tienen que autoinculparse diciendo que formaron parte de la conducta anticompetitiva y presentar una evidencia que inculpe al resto de los participantes en la conducta”, respondieron a la consulta de este medio. Y aclararon que el programa no se pensó para las prepagas, sino para cualquier empresa investigada oportunamente.

La experiencia de otros países

La Clemencia está prevista en la ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia de 2018, pero a partir de la Resolución 98/2024, publicada en el Boletín Oficial, se reglamentó y entra en vigencia ahora. Si bien existieron proyectos de reforma de la ley N° 25.156 de 1999 que contemplaban su incorporación –basándose en acuerdos y prácticas prohibidas pasibles de ser sancionadas al tratarse de conductas anticompetitivas que limitan, restringen, falsean o distorsionan la competencia o constituyen abuso de posición dominante–, recién se implementó en la legislación antimonopolio de 2018, con la norma N° 27.442.

La Argentina se suma así a otros países que implementaron la herramienta hace casi 50 años, como los Estados Unidos (1978) y la Unión Europea (1996). Le siguieron, más tarde, Brasil (2000), México (2006), Uruguay (2007), Chile, Colombia (ambos en 2009), y Perú (2015).

En la región, el 47% de las investigaciones a cárteles se iniciaron por este instrumento, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un ejemplo es Brasil, donde se incrementó la detección: de 60 analizados entre 2015 y 2019, 36 provinieron de este mecanismo.La Clemencia ayudará a denunciar carteles y acuerdos de precios abusivos. Foto: archivoLa Clemencia ayudará a denunciar carteles y acuerdos de precios abusivos. Foto: archivo

El beneficio económico es claro para compañías con grandes montos de facturación. Con cárteles funcionando desde hace años, la sanción será mayor y, por ende, el ahorro que supone la exención. Mayor es el impacto en la opinión pública que genera la obligación legal que existe en España de dar publicidad a las sanciones, lo que provoca un daño reputacional incluso superior al monetario.

En España, es clave la rapidez para presentarse frente a la autoridad, ya que la exención se concede solo al primero. Los siguientes reciben menos reducciones. La Ley de Defensa de la Competencia de ese país establece que solo se pueden imponer multas que representen, como máximo, el 10% del volumen de negocio facturado por la compañía en el ejercicio anterior.

No obstante, hay un paso más que sortear en esta batalla: la JusticiaHay 287 millones de euros en juego por sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que quedaron inconclusas en los tribunales de Madrid por la revisión judicial, incluyendo causas de colosos como Apple y Amazon. Según el organismo, una de cada dos sanciones a empresas incumplidoras fueron revocadas.

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